Necesitamos un Estado facilitador y no uno que obstaculice con trabas burocráticas y nos ahogue con cargas impositivas. Es un Estado distinto al que ha crecido en los últimos años, que optimice los recursos, deje de ser el garante de privilegios y se ponga al servicio de los ciudadanos. Queremos construir un Estado austero, eficiente y moderno que facilite la vida a sus ciudadanos.
Pondremos fin a los privilegios dentro del Estado y promoveremos una ley de integridad que prohiba el nepotismo y determine acciones claras para prevenir conflictos de interés. Además, regularemos el instituto del indulto, prohibiendo su aplicación en condenas dictadas en causas de corrupción y el régimen de extinción de dominio para que todos aquellos bienes de origen ilícito pasen a formar parte del patrimonio del Estado.
El Estado será moderno, eficiente y digitalizado, con los trámites mínimos y estrictamente necesarios, con sistemas de información integrados y sin depositar en el ciudadano la responsabilidad de proveer la información que el Estado posee. Rediseñaremos la estructura del Poder Ejecutivo para agilizar y transparentar la toma de decisiones, reducir gasto en áreas solapadas y hacer uso eficaz de los recursos.
Profesionalizaremos el empleo público recuperando la cultura meritocrática del concurso. Queremos iniciar el camino hacia una administración pública que atraiga talento y esté compuesta por servidores públicos que eligen dedicarse a hacer grande la Argentina.
Empresas públicas eficientes y autosuficientes. Para terminar con el auxilio nacional para cubrir el déficit de las empresas públicas, iremos a una supervisión profesional cuyo objetivo será generar valor en el conjunto de empresas de propiedad estatal. Esta deberá exigir a las empresas un desempeño económico con objetivos específicos, medibles y comparables, estándares de transparencia similares a los de las empresas listadas en la Bolsa de Valores y políticas de integridad y sustentabilidad.
Un nuevo contrato federal. Abordaremos los problemas estructurales del federalismo estableciendo instancias de coordinación intergubernamental donde se puedan definir lineamientos y estándares de calidad para las políticas públicas para reducir las inequidades territoriales entre los argentinos.