Desde el poder político se ha intentado controlar y someter al Poder Judicial. El proceso de designación de jueces se ha politizado y las instituciones han sufrido un debilitamiento preocupante. El deterioro institucional, impulsado por una visión política que no valora los fundamentos republicanos, ha tenido un impacto especialmente severo en el ámbito de la Justicia. La degradación del Consejo de la Magistratura ha dejado un tercio de los cargos judiciales federales vacantes.
Ante este panorama, desde Juntos por el Cambio, mantenemos el compromiso de seguir trabajando incansablemente por una Justicia independiente y eficaz, basada en el mérito y libre de cualquier interferencia política. Nuestra premisa fundamental es promover la transparencia, el acceso a la información y la participación ciudadana en la administración de justicia.
Vamos a completar la integración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a designar al Procurador General y al Defensor del Pueblo.
Impulsaremos un sistema de selección transparente y eficiente para los aspirantes a magistrados en el país. Se debe respetar el orden de mérito establecido y evitar cualquier favoritismo. También se establece un plazo legal para que el Poder Ejecutivo Nacional y el Senado cumplan las etapas de la designación de magistrados, evitando su manipulación.
Combatiremos el crimen organizado y la corrupción. La corrupción estructural y el enriquecimiento ilícito durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner requieren cambios profundos. Vamos a impulsar el sistema de “ficha limpia”. Proponemos una ley de protección para denunciantes y testigos de actos de corrupción. Impulsaremos una ley de extinción de dominio, que permita privar a los delincuentes de los bienes adquiridos ilegalmente y ponerlos al servicio de la comunidad.
Impulsaremos la implementación del sistema acusatorio. Necesitamos procesos penales efectivos, rápidos y transparentes. El nuevo Código Procesal Penal Federal ha tenido éxito en las provincias donde se ha implementado, pero ha habido una parálisis en su avance a nivel nacional debido a la falta de integración de la Comisión Bicameral. Vamos a fortalecer el Ministerio Público Fiscal y avanzar con un cronograma de implementación gradual del sistema acusatorio en diferentes provincias, con prioridad en la provincia de Santa Fe, con foco en los tribunales de Rosario, donde se tramitan las principales causas de narcotráfico.
Implementaremos la oralidad en casos no penales de forma que se acorten los tiempos de las causas de forma considerable. Vamos a rediseñar la oficina judicial a fin de eficientizar los tiempos procesales y adoptar sistemas digitales de gestión de casos.
Haremos efectiva la asistencia jurídica efectiva a víctimas de delito, las víctimas de delitos enfrentan dificultades para obtener una sentencia y protección adecuada. El sistema de Asistencia a las Víctimas de delitos ha sido un avance, pero su implementación es lenta y presenta problemas de diseño y falta de personal. El CENAVID debe suscribir acuerdos de colaboración con organismos de atención a las víctimas, colegios de abogados y universidades locales, en cumplimiento de la ley N° 27.372 de derechos y garantías de las personas víctimas de delitos.